Un grupo transversal de diputados de oposición agrupados en la “Bancada por la Condonación Universal” anunciaron, junto a la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), un proyecto de reforma constitucional para condonar las deudas relacionadas a los estudios universitarios.

La iniciativa fue liderada por el diputado y candidato presidencial del Nuevo Trato y del Partido Liberal, Pablo Vidal, quien además cuenta con el apoyo de sus pares Matías Walker (DC), Camila Vallejos (PC), Camila Rojas (Comunes), Leonardo Soto (PS), Andrea Parra (PPD) y Marcela Hernando (PR), además de Provoste.

Al respecto, el abanderado presidencial manifestó que “la necesidad de que el Estado se haga cargo de financiar el excesivo endeudamiento estudiantil en el contexto de la pandemia del Covid es un debate urgente y que permitirá aliviar a miles de deudores, además de inyectar vía condonación de deuda más liquidez a todas sus familias”.

Respecto al Crédito con Aval del Estado (CAE), Vidal sostuvo que “la morosidad total del sistema es de 44,5 % equivalente a 248.699 deudores, lo cual permite concluir que este crédito resulta ser un gasto más que una inversión para el Fisco. La enorme crisis que vive el país nos debe forzar a encontrar múltiples fórmulas que alivien a las familias en Chile y nos permitan una reconstrucción tanto económica como social”.

En tanto, para Juan Pablo Rojas, dirigente y fundador del grupo “deuda educativa”, la iniciativa expone que “hay años de abusos, de angustias, de personas que no han podido acceder a otros créditos, que han estado en Dicom, que sus casas peligran de ser rematadas y que jamás pueden salir el círculo de intereses creado en torno a estos créditos. En ese sentido, este proyecto trae justicia después de muchos años de abusos de la banca sobre las personas”.

En esa línea, recordaron que uno de los casos más emblemáticos es el CAE, que a diciembre de 2019 registraba a 559 mil estudiantes y una deuda que año a año crece y que en un contexto de pandemia, se ha vuelto derechamente inmanejable.

Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic, planteó que el tema no sólo es de justicia básica, sino que además corrige problemas estructurales de nuestra sociedad, ya que “las 10 comunas que registran mayor tasa de morosidad en Santiago tienen 92% más de pobreza multidimensional. Es decir, a mayor morosidad, mayor pobreza y menores ingresos”.

En esa línea, Natalia Castillo comentó que “quien fuera crédito universitario para acompañarlo toda la vida. Esto que parece chiste es una realidad de las familias chilenas, y muchas de las personas que se nos han acercado nos han dicho que han terminado de pagar su crédito universitario en el momento en que tienen que empezar a endeudarse con la educación de sus hijos. Y ese es el problema, que en Chile no se concibe la educación como un derecho, sino como un privilegio para quienes pueden pagar por ello”.

“Eso es lo que queremos que termine. Se avanzó en gratuidad pero no es suficiente. Hoy hay miles de jóvenes, y unos ya no tan jóvenes, endeudados por sus carreras universitarias y eso es lo que queremos que termine. Sumado a la estrategia que se ha seguido del Senado de la despenalización de las personas deudoras de los créditos universitarios, avanzar además en la condonación de las deudas. No solo del CAE sino también del antiguo fondo solidario”, añadió.

Finalmente, los legisladores explicaron que el texto presentado este martes pretende incorporar una disposición transitoria en nuestra Carta Fundamental que establezca que “mientras mantengan su vigencia la ley 18.591 en lo relativo al fondo solidario de crédito universitario; ley 19.287; ley 19.848; la ley 20.027; ley 20.572 y ley 20.634, y hasta que no entre en vigencia una nueva ley que establezca un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior administrado y financiado por el Estado, el Presidente de la República, dentro del plazo de 3 meses, contados desde la entrada en vigencia de esta reforma constitucional, deberá presentar un proyecto de ley ante alguna de las Cámaras del Congreso Nacional que establezca un mecanismo que extinga la totalidad de las deudas contraídas por los estudiantes para financiar su educación superior. Dicho mecanismo también será administrado y financiado por el Estado”.

Además, incluye “la prohibición de la mantención de registros de deudores morosos de créditos de educación superior por parte de instituciones que otorguen créditos, y la atribución de potestades suficientes a algún órgano de la administración del Estado para fiscalizar efectivamente el cumplimiento de dicha prohibición”.

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