La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló seis cargos contra “Compañía Contractual Minera Candelaria”, titular del proyecto “Candelaria 2030 –Continuidad Operacional”, por infracciones a las disposiciones establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), además de incumplimientos asociados a normas de emisión para las descargas de residuos industriales líquidos realizados por la desalinizadora de la misma compañía.

El primero refiere a la utilización de una cantidad de explosivos mayor a la autorizada en 136 eventos de tronadura, constatados durante 124 días entre agosto de 2019 y abril de 2020. El segundo apunta a que se superó en cinco ocasiones este mismo hecho, provocando un aumento de las emisiones atmosféricas generadas por la compañía, lo que pudo afectar la salud de los habitantes de Tierra Amarilla.

El tercero indica el incumplimiento de medidas de mitigación asociadas al recurso hídrico.
Específicamente a que la empresa no redujo el consumo de las aguas provenientes de la Planta de Tratamiento de Nueva Atacama en julio de 2018, por lo que 950 m3/día dejaron de ser utilizados para la recarga del acuífero del Río Copiapó, zona de reconocida escasez hídrica.

En tanto, una de las infracciones leves se formuló por utilizar puntos receptores distintos a los establecidos para el monitoreo de vibraciones correspondiente al año 2020. Otra apunta a la construcción y operación de una piscina de emergencia o drenaje adicional, que superaba en un 26,2% respecto del total autorizado en su permiso ambiental.

Finalmente, el último cargo acusa que la empresa no reportó la frecuencia exigida en su Programa de Monitoreo durante julio a diciembre de 2018, enero a diciembre de 2019; y enero y junio de 2020.

Entre los posibles castigos, la empresa arriesga una multa de hasta 18 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTA), la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) e incluso la clausura del proyecto, el cual busca la extensión de su vida útil hasta 2040.

La compañía tendrá un plazo de 10 días hábiles para entregar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para presentar sus descargos.

El superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De la Maza, afirmó que “para la institución es prioritario fiscalizar los instrumentos que disminuyen los efectos ambientales generados por la actividad productiva y tomar acciones que le permitan a los regulados volver al cumplimiento ambiental”.

“Además, es importante destacar que esta investigación incluyó una serie de denuncias ciudadanas que se habían presentado a la SMA, por lo que vinculamos las demandas de la comunidad con las estrategias de intervención definidas por nuestra institución”, añadió.

De la Maza recordó que la zona fue declarada como prioritaria en diciembre de 2020 debido a la vulnerabilidad ambiental en la que se encuentra y la intervención histórica que ha sufrido. Dicha proclamación se realizó en el marco de la visita oficial a la Región de Atacama.

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